Posted on julio, 11 2018

El porcentaje de pesquerías sobreexplotadas continúa creciendo a nivel global, según lo reporta la última evaluación de la pesca y acuicultura realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En específico, un tercio de todas las pesquerías en el mundo se encuentran clasificadas en estado de sobreexplotación, lo que hace una década llegaba a una cuarta parte. En 1974, año base para este informe, solo el 10% de las poblaciones evaluadas se encontraba en esta condición.
 
“Estas cifras son alarmantes y nos llama a redoblar los esfuerzos para avanzar en la recuperación de las pesquerías y en un manejo sustentable de éstas, tema que en nuestro país es incluso más crítico, ya que según los datos oficiales, el 61% de las pesquerías chilenas están en estado de sobreexplotación o colapso. Esto, sin considerar que hay una serie de pesquerías que no están contempladas como comercialmente importantes, donde los niveles de información son escasos o nulos”, señala Valesca Montes, coordinadora de Pesquerías Sustentables de WWF Chile.
 
Para la experta, esto representa una amenaza a la seguridad alimentaria que golpea especialmente a las comunidades más vulnerables, como a los pescadores artesanales y sus familias, que tienen en estos recursos su principal fuente de alimento y medios de subsistencia. 
 
“Es crítico asumir una mirada de largo plazo para reducir la sobrepesca, lo que implica invertir más en el funcionamiento de los comité científico técnicos y ampliar sus facultades más allá de sólo determinar las cuotas, además de la urgente elaboración e implementación de los programas de recuperación con medidas drásticas que permitan mayor certeza para la recuperación de las poblaciones de peces. Es vital que pasemos a la acción en un tema tan importante como el combate a la pesca ilegal y contar con un marco legal que sea legitimado por todos los actores del sector pesquero, que asegure un acceso equitativo a los recursos y que el Estado disponga recursos financieros para su correcta implementación. Solo así podremos revertir esta caída de los recursos pesqueros”, agrega.

“Debemos entender que acá están en juego recursos pesqueros que generan dinámicas económicas y culturales en sus entornos, muchas de ellas clave en el desarrollo local de las comunidades. Al mismo tiempo, desde un punto de vista biológico, poner en riesgo una población de peces puede generar efectos colaterales en otras especies que forman parte de la cadena trófica”, concluye Valesca Montes.
 
Proyecciones y desafíos en acuicultura
Por otro lado, el informe de la FAO destaca a Latinoamérica como exportadora de peces y gran productora acuícola, proyectando un crecimiento de la producción de acuicultura de un 49,2% al 2030, donde Chile aparece con un incremento de 26,4%.
 
“Estas proyecciones abren el gran desafío de encontrar el equilibrio adecuado entre satisfacer la demanda futura de productos acuícolas mientras avanzamos lo suficientemente rápido en el desarrollo de los medios para manejar de manera sostenible el sector. Porque como cualquier actividad económica, la acuicultura provoca una variedad de impactos ambientales y sociales, que van desde la degradación de los ecosistemas y el agotamiento de las poblaciones de peces usadas para alimentar a los peces de cultivo, hasta conflictos con comunidades, e incluso en los niveles de producción actuales, sigue sin resolverse la mejor manera de mitigar estos impactos y lograr una industria manejada responsablemente”, comenta Emma Plotnek, encargada de Mercados en Productos del Mar de WWF Chile.
 
Según enfatiza la profesional, la acuicultura necesita una gestión espacial que considere las Áreas de Alto Valor de Conservación y las Áreas Marinas Protegidas y que incluya valores ecológicos al determinar la producción de un área, así como innovación para reducir impactos. Por ejemplo, respecto a los escapes de salmones, como el ocurrido recientemente en las cercanías de Calbuco, es imprescindible desarrollar una mejor infraestructura, pero también analizar más detenidamente la ubicación de los centros de cultivo, atendiendo a factores físicos, ecológicos y climáticos. A esto se agrega la necesidad de incorporar métodos no farmacéuticos de control de enfermedades y piojos, así como una interacción más significativa con las comunidades. “También los compradores nacionales e internacionales, como las grandes cadenas de supermercados, y los propios consumidores, juegan un rol al poder exigir mejores prácticas acuícolas y pesqueras a sus proveedores”, puntualiza.